Ámbitos Estratégicos
Los ámbitos estratégicos de acción constituyen grandes áreas de intervención que conducen, en su conjunto y de manera interrelacionada e interdependiente, al cumplimiento de los objetivos generales de gestión, planteados en “Nuestra Agenda para el Cambio”, en el marco de las políticas para el SNAP. En mérito a que el Plan be ser elaborado en correspondencia con las prioridades del plan del sector y de los objetivos de gestión, tal como se concreta más adelante, a continuación se presenta una breve caracterización de los ámbitos estratégicos de gestión del SNAP:
Preservación del patrimonio natural y cultural.- Comprende básicamente medidas de protección en sentido tradicional y de manejo de ecosistemas, especies, patrimonio arqueológico e histórico para su preservación en el tiempo. Incluye la investigación y el monitoreo ecológico de la biodiversidad. En relación al sistema de protección se enfatiza, en el marco del nuevo enfoque de gestión para el Sistema, la necesidad de buscar una mayor integración y corresponsabilidad social con un perfil alternativo de los equipos de vigilancia y control.
Desarrollo económico social sostenible.- Las acciones para generar ingresos, empleo y otros beneficios sociales y económicos a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad – incluyendo al ecoturismo – constituyen uno de los ámbitos de intervención más importantes para cumplir frente a los actores locales con los objetivos de gestión del SNAP. En función de ello, se prevé incluir gestiones con los sectores económicos del país y con programas que soporten y den sostenibilidad a estos procesos orientados a mejorar las condiciones de vida y para las actividades productivas. Además, se apoyará la facilitación del acceso a servicios sociales para los habitantes en las propias áreas protegidas.
Participación social en la gestión de las APs.- En la perspectiva de la sostenibilidad social, la participación directa en el manejo de las APs de los actores sociales es fundamental para la apropiación local de los objetivos de conservación y gestión. Se promueve la implementación gradual de diferentes modalidades de participación y asunción de corresponsabilidad creciente en la gestión, según las características sociales y étnicas específicas de cada área.
Vinculación de la gestión con el contexto político administrativo, institucional,
organizativo y territorial.- La sobreposición territorial y funcional de las áreas protegidas con los diversos espacios político administrativos (departamentos, municipios, mancomunidades, TCOs) y con unidades tradicionales de gestión (ayllus, marcas, capitanías y otras) así como la necesidad de proyectar y promover los valores y la visión de desarrollo del SNAP hacia la sociedad nacional, requieren de la implementación de estrategias que permiten asegurar la integración de las APs con su contexto y sostenibilidad política y social. La autoridad nacional del SNAP es el principal actor para posicionar el Sistema a todos los niveles políticos y sociales relevantes, además de vincularlos con contextos externos al país.
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes.- El SERNAP tiene que adecuar, en función de los nuevos enfoques y los ámbitos de gestión, sus capacidades administrativas, orgánicas, normativas, de planificación, relacionamiento y manejo informativo a los retos de la gestión del SNAP. Esto comprende necesariamente una readecuación efectiva de las estructuras y funciones internas de organización y operación institucional, tanto a nivel central como desconcentrado, de los instrumentos de gestión respectivos y la disponibilidad de recursos humanos idóneos.
Gestión de financiamiento sostenible.- Los gastos recurrentes, financiamiento de proyectos y fortalecimiento institucional deben ser asumidos de manera progresiva con ingresos generados por servicios de las propias áreas protegidas y fuentes nacionales, lo que permitirá reducir la dependencia de recursos externos por parte del Sistema. En un nuevo marco de relacionamiento se requiere de la concurrencia financiera de todos los actores, lo que implica responsabilidades compartidas y, especialmente, un mayor compromiso del Estado con la generación de condiciones políticas, normativas e institucionales adecuadas para ello.
