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Cochabamba, 21 de febrero (Prensa SERNAP).– Una comitiva interinstitucional liderada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) fue emboscada por grupos de choque en la comunidad de Chuñavi, municipio de Morochata, durante la ejecución de una inspección in situ programada por el Juzgado Agroambiental de Independencia, tras detectar actividades mineras ilegales en el sector.
La inspección realizada el pasado 18 de febrero contaba también con la participación del Juez Agroambiental de Independencia, representantes del Viceministerio de Minería, la AJAM, la Gobernación de Cochabamba, la Alcaldía de Morochata y la Brigada Parlamentaria. Sin embargo, el Estado de derecho fue desafiado cuando comunarios afines a la actividad minera irrumpieron de manera violenta.
Los manifestantes agredieron físicamente a los presentes y procedieron al secuestro del expediente judicial, intentando además apropiarse de los teléfonos celulares de los funcionarios para borrar evidencias. La gravedad del hecho se acentuó por la nula intervención del único efectivo policial presente, quien no pudo contener al grupo de choque.
“Pese al caos y la violencia, el Juez Agroambiental logró verificar la magnitud de los daños denunciados por el SERNAP antes de la interrupción. Los desmontes y la contaminación por minería ilegal en esta zona crítica del Parque Nacional Tunari son evidentes, por lo que se espera que, pese al robo del expediente físico, la resolución judicial sea favorable a la protección de los recursos hídricos y la biodiversidad que abastece a la región”, informó la directora ejecutiva del SERNAP, MSc. Cecilia Miranda Chávez.
Las acciones iniciaron el pasado 10 de octubre de 2025, cuando el equipo técnico del Parque Nacional Tunari verificó la apertura ilegal de caminos para minería en la zona de Chuwaña, tras una denuncia de la Sub Central de Trabajadores Campesinos de la comunidad Parte Libre. Pese a que el SERNAP emitió la Resolución Administrativa 300/2025 y notificó a los responsables, uno de ellos identificado como Cándido Apaza Sacaico, la actividad ilegal persistió, obligando a la institución a interponer una demanda de Medida Cautelar Ambiental el pasado diciembre para salvaguardar el patrimonio natural.